LEGISLACIÓN COMPARADA EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA: EL CASO DE ESPAÑA


Para lograr una prospectiva sobre la regulación de la seguridad privada en nuestro país es necesario aproximarnos a la legislación internacional a través del análisis comparado para dimensionar los posibles alcances jurídicos.

Consideramos relevante estudiar el caso de España, que tiene varias características relevantes para el caso mexicano. Antes de continuar es necesario señalar que se refieren tres modelos de regulación de la seguridad privada (Bosch et al., 2004: 116). Un primer modelo corresponde a "una regulación mínima (cercana a la noción de libre mercado)"; el segundo es "una regulación máxima", basada en una legislación estricta y restrictiva; el tercer modelo "combina definiciones amplias de seguridad y controles estrictos con una gran implantación social de los servicios privados".

Una de las legislaciones internacionales que iniciaron la regulación de los servicios de seguridad privada fue la española (Garrido, 2015). La regulación en España comenzó con la seguridad especializada, de acuerdo con el tipo de servicio o los bienes a proteger, como los bancos y las joyerías, y son, al igual que en el caso mexicano, reglamentos y decretos de los años cuarenta. En los años setenta se emitieron los primeros decretos para regular la seguridad que debían tener las instituciones de crédito. En 1981 aparece conceptualmente el término seguridad privada, y con esto comienza a reglamentarse la prestación de estos servicios. Con estas disposiciones se integran y unifican las normativas que existían al respecto en una sola disposición normativa.

Con estos antecedentes, el 5 de junio de 2014 entra en vigor la Ley 5/2014. La legislación mexicana vigente tiene influencia de la experiencia española; sin embargo, la realidad mexicana se encuentra muy distante respecto a la prestación de estos servicios en España.

Se puede observar, por ejemplo, que la legislación española se enfoca a la profesionalización de los prestadores de servicios de seguridad privada, para que los encargados o los responsables de los servicios de seguridad cuenten con capacitación adecuada, no sólo para prestar el servicio, sino para adoptar las medidas de seguridad que se requieran.

El directivo, gerente o supervisor de seguridad, ya sea interno o externo, se encuentra obligado a capacitarse en una institución educativa autorizada, y ninguno de estos profesionales puede prestar sus servicios si no cuenta con la aprobación y autorización de la autoridad reguladora, en este caso la Policía Nacional, a través del área especializada en los servicios de seguridad privada.

La autoridad emite una convocatoria para examinar a los aspirantes, y de cumplir con los requisitos formales y los conocimientos necesarios se les autoriza a prestar el servicio con una Tarjeta de Identificación Personal (TIP), que los acredita como expertos en seguridad, desde el elemento operativo hasta el directivo responsable, teniendo la calidad dicho documento de una forma de patente.

Otro elemento importante es que la autoridad reguladora es de carácter administrativo y tiene como finalidad registrar y autorizar a los prestadores de servicios de seguridad privada que cumplan con los requisitos que marca la ley de acuerdo con la modalidad requerida. En su calidad de autoridad administrativa, puede imponer sanciones por la falta de cumplimiento a las obligaciones de registrar e informar por parte de los prestadores de servicios.

No obstante que el Estado español es de carácter central, al igual que en nuestro país tiene problemas con la regulación local, derivados del reconocimiento a las comunidades autónomas, como Cataluña, que tienen la facultad de reglamentar los servicios que se presten en sus territorios. Asimismo, "la legislación española sobre seguridad privada subraya los aspectos en los que ésta realiza funciones que se conectan con la seguridad ciudadana. Sin embargo, la lógica de los servicios privados es más compleja y sigue otras orientaciones" (Bosch et al., 2004: 123).

Parece evidente la necesidad de crear en México un sistema de profesionalización para los servicios de seguridad privada, organizado y sistematizado por instituciones de educación superior y no por cualquier particular. Este sistema debe ser dirigido, supervisado y aprobado por una autoridad reguladora a través de la aplicación de exámenes de conocimientos.

Es necesario que la regulación de los servicios de seguridad privada en nuestro país pase de ser sólo un trámite administrativo de registro a tener una verdadera regulación para los responsables internos y externos que cuidan de la seguridad de las personas, para garantizar la prestación de servicios eficientes y eficaces, con la identificación plena de los elementos y los responsables de las empresas.

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